Un juez investiga una trama de cobros ilegales en la Policía Local

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Un juez investiga una trama de cobros ilegales en la Policía Local

Mensaje  fosi el Sáb Mar 05, 2011 9:17 pm

Se han requisado varios ordenadores y unos 30 agentes locales handeclarado ya
La unidad de tráfico de la Policía Local está bajo investigación judicial. El Juzgado de Instrucción número 8 lleva meses con una causa abierta por una supuesta trama de cobro ilegal de tasas por parte de algunos miembros de la unidad motorista de tráfico. En este tiempo se ha creado una unidad de investigación interna dirigida por un intendente, se han requisado media docena de ordenadores para examinar su contenido y más de treinta agentes de distintas categorías han pasado por los juzgados tras ser citados por la magistrada. Todo para esclarecer una serie de irregularidades en el cobro de tasas que puede representar un fraude de hasta medio millón de euros, según algunas fuentes.


La supuesta trama habría trazado supuestamente un modus operandi: los agentes, fuera de sus horas de servicio, se ponían el uniforme y realizaban labores propias del cuerpo de Policía cobrando a empresas por los servicios prestados. La mayor parte de estas funciones, según varias fuentes consultadas, afectaban al traslado de mercancías de gran tonelaje, a desvíos en obras o a escoltas de los servicios de grúas de grandes dimensiones -no los vehículos de retirada de coches-. Todas ellas prestaciones por las que el Ayuntamiento tiene previsto ingresar unas tasas que no se recaudaban. La investigación busca esclarecer si eran policías quienes se quedaban de forma ilícita con las cuantías solicitadas a las distintas empresas de transportes o de construcción.


La investigación arrancó hace más de un año, en septiembre de 2009. Fue entonces cuando un agente de la Policía Local fue detenido en el marco de una operación contra el tráfico de drogas, que se saldó con varios arrestos. A este policía se le intervinieron conversaciones, se registró su taquilla y se analizaron sus pertenencias. Durante estas pesquisas los agentes responsables de la investigación hallaron, según varias fuentes consultadas, pruebas de otras irregularidades cometidas durante el servicio.


A raíz de estos hechos, la juez responsable de la causa abrió una investigación para la que se creó una unidad interna en el seno de la Policía Local dirigida por un intendente y compuesta por un oficial y dos policías. Ésta se encuentra al margen de la Jefatura de la Policía y de la delegación municipal, y tiene como única dirección al propio Juzgado de Instrucción número 8 -el mismo que llevaba el caso del supuesto tráfico de drogas-. Los trabajos fueron secretos y se ralentizaron en su inicio, entre otras causas porque una de las personas cuya labor se investigaba había fallecido, por lo que incluso se llegó a plantear un posible archivo.


Pero la situación cambió en torno al pasado mes de noviembre. Fue entonces, según varias fuentes consultadas, cuando la unidad de investigación interna, por orden judicial, requisó media docena de ordenadores de la Jefatura de Policía Local para investigar su contenido. Los equipos fueron incautados y retirados de la sede de la Policía.


Este hecho supuso, según varias fuentes consultadas, un nuevo impulso a la investigación, en la que está participando activamente la Fiscalía. A partir de este punto, y según confirmaron fuentes policiales y judiciales, aproximadamente una treintena de agentes de la unidad de tráfico han sido citados a declarar con una orden judicial para aclarar las circunstancias en las que se prestaban estos servicios supuestamente irregulares. Han sido convocados a declarar además varios mandos e incluso uno de los intendentes del cuerpo de la Policía Local. Todos, en cualquier caso, en calidad de testigos, ya que, según fuentes judiciales y policiales, no hay de momento ningún detenido ni imputado en una investigación en la que, hasta ahora, no está personado el Ayuntamiento de Sevilla.


En un primer atestado de esta investigación se apunta a la existencia de posibles irregularidades en el cobro de las tasas municipales, aunque la investigación prosigue y ya han sido remitidos varios atestados policiales al Juzgado de Instrucción número 8. Estas supuestas ilegalidades afectarían así a una de las ordenanzas municipales, la recogida bajo el epígrafe "Servicios prestados para la celebración de espectáculos públicos, grandes transportes, paso de caravanas, apertura y cierre de calicatas, obras diversas en la vía pública y otros acontecimientos especiales".


Esta tasa está planteada como un cobro a las empresas por los servicios prestados por el Ayuntamiento y se calcula según el número de policías que acuden a escoltar al vehículo o a desviar el tráfico. Así, según recogen las ordenanzas municipales, el coste de la presencia de un agente puede llegar a rondar los 20 euros, mientras que la presencia de un coche patrullero o de una moto puede encarecer esta prestación hasta en 80 euros. Estos precios cuentan además con recargas. Por ejemplo, en caso de que el servicio se lleve a cabo entre las doce de la noche y las doce del mediodía se incrementará su coste en un 50%, mientras que si se rebasan los 10 kilómetros, cada kilómetro recorrido tiene un sobrecoste que ronda el medio euro.

Todos estos datos, en cualquier caso, deben ser facilitados por la propia Jefatura de la Policía Local al Ayuntamiento para contabilizar la recaudación, ya que, según recoge la ordenanza, son servicios que se pueden tramitar directamente con la Policía.



http://www.elcorreoweb.es/sevilla/sucesos/117371/juez/investiga/trama/cobro/ilegal/tasas/policia


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